ES TRAS EL ASESINATO DE LOMAS DEL MIRADOR
El trágico asesinato de Sergio Díaz durante la Navidad en Lomas del Mirador, después de una discusión con el policía retirado de 74 años por la música alta, no solo generó conmoción social, sino que también desató una particular tendencia: un aumento en las búsquedas relacionadas con bloqueadores de señal Bluetooth.
about:blank Este dispositivo que no era conocido hasta ahora permite interrumpir la conexión entre dispositivos electrónicos, como parlantes portátiles o auriculares.
Es un aparato que genera interferencias en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la misma que utiliza la tecnología Bluetooth para conectar dispositivos de manera inalámbrica.
Al emitir señales que saturan esta frecuencia, el bloqueador impide que dispositivos como parlantes o teléfonos móviles se sincronicen correctamente. Esto puede hacer que una conexión Bluetooth deje de funcionar en un área específica, dependiendo de la potencia del bloqueador.
El alcance de estos aparatos varía según el modelo, pero generalmente cubre un rango de entre 5 y 30 metros. Aunque su propósito original puede ser el control de dispositivos en entornos cerrados, su potencial para interrumpir comunicaciones esenciales y afectar la convivencia en espacios públicos los ha colocado en el centro de debates legales y éticos.
¿Por qué están prohibidos en muchos países?
El uso y comercialización de bloqueadores de señal están regulados a nivel mundial por organismos encargados de gestionar el espectro radioeléctrico. En Argentina, estos dispositivos están prohibidos porque:
1. Interfieren con comunicaciones legales: No solo bloquean música alta en parlantes, sino que también pueden afectar dispositivos médicos, audífonos o sistemas de comunicación de emergencia.
2. Riesgo de abuso: En manos equivocadas, podrían ser utilizados para sabotear eventos, impedir comunicaciones importantes o comprometer sistemas de seguridad.
3. Impacto en la convivencia: Si bien algunos los ven como una solución para evitar molestias, su uso también puede generar conflictos al interferir con el acceso legítimo a la tecnología.