Personas privadas de la libertad exhiben celulares, armas blancas de fabricación casera y mantienen actividad en redes sociales desde el interior de establecimientos penitenciarios. La situación vuelve a exponer los interrogantes sobre los controles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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La posibilidad de recibir amenazas desde el interior de una cárcel bonaerense vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.
Celulares, armas blancas de fabricación casera y publicaciones en redes sociales forman parte de una realidad que genera preocupación y plantea una pregunta inevitable: ¿cómo ingresan estos elementos a establecimientos que deberían contar con estrictos mecanismos de seguridad?
La circulación de videos y contenidos publicados desde el interior de las unidades penitenciarias deja al descubierto una problemática que va más allá del uso indebido de teléfonos celulares. También pone en evidencia las dificultades para impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicaciones y desarrollen actividades que pueden representar un riesgo para terceros.
El problema no se limita a la seguridad dentro de las cárceles. Cuando desde esos establecimientos se pueden organizar intimidaciones, amenazas o acciones hacia el exterior, la discusión alcanza directamente a la seguridad de la comunidad.
Al mismo tiempo, queda planteado otro debate: el objetivo de la privación de la libertad y la responsabilidad del Estado en los procesos de reinserción social. La educación, el trabajo, la convivencia y el cumplimiento de las normas son pilares fundamentales de cualquier política penitenciaria.
La cárcel no puede ser solamente un lugar de encierro. Pero tampoco puede convertirse en un espacio desde el cual se continúe amenazando o intimidando a quienes están afuera.
Los controles del SPB, el ingreso de elementos prohibidos y la eficacia de las políticas de rehabilitación vuelven a quedar bajo la lupa.