Han transcurrido exactamente tres meses desde aquella trágica tarde del 7 de julio en la que Franco Depauli perdió la vida en el centro de Cañuelas, víctima de un adoquín arrojado en medio de disturbios de los que era completamente ajeno. La conmoción inicial y las primeras medidas judiciales que derivaron en la recaratulación a «Homicidio simple» daban a entender un avance acelerado del expediente. Sin embargo, el paso de 90 días sin nuevos resultados ha sembrado una marcada impaciencia en la comunidad frente a un estancamiento evidente: la incapacidad de dar con el paradero del cuarto involucrado.
Resulta difícil de comprender para la opinión pública y los allegados a la víctima cómo, tras un trimestre entero de investigación, en una ciudad con monitoreo urbano, cámaras privadas y una densa red de testimonios, la Justicia y las fuerzas de seguridad aún no logran dar con un delincuente de perfil local. No se trata de una estructura del crimen organizado con recursos para el ocultamiento complejo o el traspaso de fronteras, sino de un sospechoso de poca monta cuya captura, a esta altura, parece haberse topado con un cerco de inoperancia o desinterés.
Las actuaciones a cargo de la fiscalía permitieron identificar rápidamente la mecánica de los hechos e imputar formalmente a los principales implicados. Pero la vigencia de una orden de detención sin concretar frena la consolidación de la causa y mantiene abierta la herida de la impunidad. Cada semana que transcurre sin novedades judiciales debilita el reclamo de justicia y genera interrogantes sobre la efectividad de las tareas de inteligencia y rastrillaje destinadas a localizarlo.
Franco era un vecino querido, trabajador y profundamente arraigado a Cañuelas. Su familia y la comunidad que aún lamenta su pérdida no exigen nada fuera de lo común: que las herramientas del Estado funcionen con la celeridad que el caso requiere y que la búsqueda de un prófugo común no se transforme en una espera indefinida.