FUNCIONARIOS DE GOBERNACIÓN Y EMPRESARIOS EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
La justicia federal avanza sobre un caso que genera fuerte impacto en las rutas de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia en la que expone un presunto entramado de corrupción, sobornos y desvío de fondos públicos vinculado al sistema de fotomultas. En la causa aparecen involucrados empresarios, funcionarios y hasta instituciones académicas.
Según la investigación, se habría montado un mecanismo para esquivar los procesos de licitación pública. La maniobra consistía en firmar convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que funcionaban como intermediarios. A través de una fundación relacionada con la universidad, se canalizaban los fondos para contratar directamente a empresas privadas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., pertenecientes a Leandro Camani.
Las cifras que analiza la justicia resultan impactantes: se calcula que hasta el 70% de lo recaudado por infracciones quedaba en manos de intermediarios. En uno de los municipios investigados, la facturación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año, lo que evidencia la magnitud del negocio.
La denuncia también pone el foco en una supuesta red de complicidades que alcanzaría distintos niveles del Estado:
- Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, por su rol en la gestión de autorizaciones.
- Leandro Camani, empresario proveedor del sistema tecnológico, con antecedentes de conflictos en el sector.
- Diego Kampel, secretario de la UNSAM, señalado como nexo en los convenios que evitaban controles.
- Funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo sospecha de facilitar habilitaciones a cambio de beneficios.
El expediente quedó a cargo de la jueza María Servini, quien deberá determinar si se utilizaron facturas falsas y empresas ficticias para canalizar pagos ilegales. Entre los distritos involucrados figuran La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate.
El caso reabre el debate sobre el uso del sistema de control vial, que lejos de priorizar la seguridad, habría sido utilizado como una herramienta de recaudación irregular, afectando directamente a los ciudadanos.