SE TRATA DE LAS RUTAS 3, 206 Y AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa del proceso de privatización de la infraestructura vial al oficializar la adjudicación de dos corredores estratégicos de la Red Federal de Concesiones, un esquema mediante el cual empresas privadas asumirán la operación, mantenimiento y modernización de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales durante los próximos 20 años.
Entre los caminos alcanzados por esta medida se encuentra la Ruta Nacional 205, una de las principales arterias de la provincia de Buenos Aires y clave para la conectividad entre el interior bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con lo informado oficialmente, la Ruta 205 integrará el denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, junto con las rutas nacionales 3 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. La concesión fue adjudicada a un consorcio conformado por las empresas CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA, que presentó una oferta con una tarifa de peaje de 997 pesos más IVA.
Las compañías adjudicatarias tendrán la responsabilidad de ejecutar obras de mantenimiento, mejoras de infraestructura y modernización de los corredores incluidos en el contrato durante las próximas dos décadas.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el nuevo sistema funcionará sin subsidios estatales y con financiamiento íntegramente privado. Según indicaron desde el Gobierno nacional, las inversiones necesarias para las obras correrán exclusivamente por cuenta de las concesionarias.
La decisión representa un cambio significativo para corredores de alto tránsito como la Ruta 205, utilizada diariamente por transportistas, productores agropecuarios y miles de vecinos de distintas localidades bonaerenses.
Considerada una vía estratégica para el desarrollo productivo de la región, especialmente para el transporte de cargas y la actividad agropecuaria, la Ruta 205 forma parte de la apuesta oficial por un modelo de gestión basado en concesiones privadas, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y reducir los costos de mantenimiento para el Estado nacional.