Al menos un hombre de Cañuelas, casado de 52 años y domiciliado en el centro de nuestra ciudad, fue víctima de las intimidaciones telefónicas de una organización que operaba desde distintas unidades penitenciarias de la provincia. Lo identificaremos con las iniciales RM para preservar su identidad. La banda fue desarticulada tras una investigación iniciada por una denuncia en Lomas de Zamora.
Una trama de extorsiones telefónicas que tenía como centro de operaciones tres cárceles bonaerenses también tuvo repercusiones en Cañuelas. Al menos un vecino de nuestra ciudad, un hombre casado al que identificaremos como RM, fue amenazado por integrantes de esta organización delictiva que utilizaba información personal y familiar para intimidar a sus víctimas.
La modalidad consistía en contactar a hombres que habían ingresado a páginas de servicios de acompañantes, para luego exigirles dinero bajo amenazas de divulgar supuestas consultas, revelar información privada o incluso enviar personas a sus domicilios. En el caso del vecino de Cañuelas, las intimidaciones estuvieron dirigidas a generar temor a partir de su situación personal y familiar, aprovechando la posibilidad de exponerlo ante su entorno. Le exigían la suma de $ 500.000 para no exponerlo ante su esposa, hijos y allegados. El hombre admitió haber transferido $ 50.000 solamente y continuaban las amenazas.
La organización fue desbaratada por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Lomas de Zamora, luego de una investigación judicial que comenzó a partir de la denuncia de un joven de 24 años, quien había recibido reiteradas amenazas telefónicas.
Un call center montado detrás de las rejas
Los investigadores determinaron que la banda tenía una estructura organizada que funcionaba desde las unidades penitenciarias N° 23 de Florencio Varela, N° 30 de General Alvear y N° 43 de González Catán.
Desde allí, los detenidos creaban perfiles falsos en páginas de acompañantes, captaban potenciales víctimas y luego iniciaban las extorsiones mediante mensajes, audios y llamadas telefónicas.
Los delincuentes aseguraban tener datos precisos de las personas amenazadas y de sus familiares. En algunos casos, enviaban fotografías de las viviendas y advertían que podían mandar a alguien hasta el domicilio si no recibían el dinero exigido.
También utilizaban amenazas vinculadas con supuestas denuncias penales, incluso mencionando falsamente contactos con la Justicia y posibles causas por haber intentado contactar a menores de edad.
Cinco personas identificadas y seis allanamientos
La investigación permitió identificar a tres internos que cumplían distintas funciones dentro de la organización y a dos mujeres que operaban desde el exterior, facilitando las cuentas bancarias y la distribución del dinero obtenido mediante las extorsiones.
Los procedimientos incluyeron seis allanamientos simultáneos: tres en establecimientos penitenciarios y otros en domicilios de San Martín e Isidro Casanova, partido de La Matanza.
Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares que eran utilizados para realizar las comunicaciones extorsivas y administrar las cuentas virtuales.
La causa está a cargo de la UFI y J N° 19, conducida por el fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la jueza Laura Ninni.
Los imputados quedaron vinculados a una investigación por extorsión en concurso real con encubrimiento agravado y amenazas.
Una modalidad que busca explotar el miedo y la vergüenza
El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad delictiva que utiliza información personal, amenazas de exposición pública y referencias al entorno familiar para conseguir transferencias de dinero.
El hecho de que al menos un vecino de Cañuelas haya quedado alcanzado por este mecanismo demuestra que este tipo de maniobras no reconoce límites geográficos y puede afectar a personas de distintas localidades.
La recomendación ante situaciones similares es no realizar transferencias bajo presión, conservar los mensajes, audios y números telefónicos utilizados y realizar inmediatamente la denuncia policial o judicial.
La advertencia es clara: detrás de una llamada intimidatoria puede existir una organización que opera desde una cárcel, pero que cuenta con colaboradores y recursos tecnológicos fuera de ella.