Orlando Alcides Lutz Fogar, acusado de incendiar la vivienda de Agui y Vane en enero de 2025, será juzgado por un jurado popular. El imputado permanece detenido en la Unidad Penal de Sierra Chica. La causa llegará a juicio después de un largo proceso marcado por denuncias de hostigamiento, amenazas y cuestionamientos por la revictimización de las damnificadas.
La causa por el ataque lesbofóbico contra Agui y Vane en Cañuelas avanza hacia el juicio oral. Orlando Alcides Lutz Fogar, imputado por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual, eligió ser juzgado mediante un jurado popular, por lo que serán doce ciudadanos quienes deberán determinar si es culpable o no.
Según adelantó la abogada querellante Samanta Pedrozo, representante de la Federación Argentina LGBT, el debate podría realizarse a fines de este año o a principios de 2027.
El proceso está a cargo del Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Plata y será dirigido por la jueza Carolina Crispiani, junto al juez Emir Alfredo Caputo Tártara. En este sistema, los doce integrantes del jurado deberán emitir el veredicto, mientras que, en caso de culpabilidad, será el juez técnico quien determine la pena correspondiente.
El imputado permanece detenido en la Unidad Penal de Sierra Chica, mientras continúa el proceso judicial.
Una estrategia de defensa que anticipa controversia
El abogado defensor de Lutz Fogar es Gastón Francone, conocido por sus apariciones en medios de comunicación. De acuerdo con las declaraciones de la querellante, la estrategia de la defensa buscaría instalar cuestiones vinculadas con la denominada batalla cultural y cuestionar la posición de las denunciantes.
Pedrozo manifestó su preocupación por los argumentos que podrían presentarse ante el jurado y sostuvo que la discusión deberá centrarse en los hechos y las pruebas incorporadas a la causa.
Catorce meses de denuncias y revictimización
El ataque ocurrió en enero de 2025, cuando la vivienda de Agui y Vane, ubicada en una zona semirrural del partido de Cañuelas, fue incendiada intencionalmente. Según la acusación, Lutz Fogar habría rociado la propiedad con combustible y luego provocado el fuego.
La historia de enfrentamientos, sin embargo, se remontaba a 2022, cuando la familia se instaló en el lugar buscando tranquilidad. Desde entonces, denunciaron situaciones reiteradas de hostigamiento, vigilancia con binoculares, gestos intimidatorios y amenazas, incluso con una mira láser.
La pareja presentó numerosas denuncias ante la Justicia y obtuvo una medida perimetral que, según manifestó públicamente, no habría sido respetada.
La noche del incendio, Agui y Vane no se encontraban en la vivienda. Una vecina fue quien les advirtió que la propiedad estaba ardiendo.
El pasado 2 de junio, las víctimas debieron volver a enfrentar al acusado durante una audiencia en la que este solicitó su excarcelación. En esa oportunidad, a través de una publicación en redes sociales, difundieron un relato sobre los meses atravesados desde el ataque y denunciaron situaciones de estigmatización, acusaciones de falsas denuncias y cuestionamientos a sus testimonios.
La abogada querellante también hizo referencia al triple lesbicidio de Barracas, ocurrido en mayo de 2024, en el que fueron asesinadas Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante.
Un juicio con jurado popular
El proceso de Cañuelas tendrá características diferentes a las del juicio por el triple lesbicidio de Barracas, ya que ambas causas tramitan bajo sistemas judiciales distintos.
En el caso bonaerense, la modalidad de juicio por jurados permitirá que doce ciudadanos sin formación jurídica determinen la culpabilidad o inocencia del acusado, a partir de las pruebas y los testimonios presentados durante el debate.
La resolución podría convertirse en un antecedente judicial de relevancia para el tratamiento de los ataques motivados por el odio a la orientación sexual.
Con la perspectiva de un juicio que podría comenzar a fines de 2026 o principios de 2027, la causa entra en una etapa decisiva. Para Agui y Vane, el debate representa la posibilidad de que los hechos denunciados sean finalmente analizados en un juicio oral y reciban una resolución judicial.